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viernes, 20 de junio de 2008

En reclusorios capitalinos se recrudece violencia contra personas con VIH/sida: CDHDF

Ssa-DF encabeza quejas de discriminación hacia seropositivos, indica

* Gobierno federal permite altos costos de antirretrovirales, critica experto

* Organizaciones y gobierno viven “fatiga” frente al VIH; “han bajado la guardia”, califica



México DF, junio 19 de 2008 (Christian Rea Tizcareño/NotieSe).- En el Foro de VIH/sida realizado ayer en la Universidad Iberoamericana , Patricia Colchero Aragonés, segunda visitadora general de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), dijo que el año pasado la dependencia atendió 38 quejas sobre discriminación hacia personas seropositivas, de las cuales, el 51 por ciento alude a la Secretaría de Salud (Ssa) capitalina, 26 por ciento a la Secretaría de Gobierno y 6 por ciento a la Procuraduría General de Justicia del DF.



De las quejas que pertenecen a la Ssa local, 73 por ciento fueron interpuestas por habitantes de los sistemas penitenciarios de la ciudad; mientras que el 21 por ciento son usuarios de la Clínica Condesa. En cuanto a la Secretaría de Gobierno, la mayor parte de los quejosos también son reclusos y denunciaron violación al derecho a la integridad, malos tratos y abuso sexual, informó Colchero.



Detalló que los principales derechos violados de las personas que viven con VIH/sida son: salud, en un 57 por ciento; integridad física, 15 por ciento; condiciones de vida digna –sobre todo en personas privadas de la libertad-, diez por ciento; información, cinco por ciento; seguridad jurídica, cinto por ciento, y trabajo, cinco por ciento.



Cabe destacar que más del 17 por ciento de las quejas fueron interpuestas por servidores públicos que fueron discriminados por otros trabajadores del Gobierno. Por ejemplo, “un policía preventivo que pidió atención mental en el área médica de la Secretaría de Seguridad Pública y la doctora le dijo que era muy arriesgado por su enfermedad”, comentó.



Colchero también lamentó la discriminación de mujeres seropositivas: “en un juicio de divorcio, la juez determinó otorgar la guardia y custodia provisional a favor del padre por que ‘la madre que vive con VIH/sida podría constituir un grave riesgo para la salud del menor de edad’”.



Ante esta realidad, es necesario formar a todos los servidores públicos, sin distinción alguna, en materia de derechos humanos y no discriminación, afirmó.



Por su parte, Pedro Morales Aché, abogado experto en el tema de VIH/sida y discriminación, mencionó que el Gobierno federal permite hoy día los altos costos de los medicamentos anti sida -fijados arbitrariamente por las compañías farmacéuticas-, de tal manera que el erario compra antirretrovirales a precios más caros que Alemania, Japón y Estados Unidos.



Aunado a esto, indicó, los programas de prevención son insuficientes; la calidad de la atención médica aún es deficiente; las causas de despido del trabajo por seropositividad son altas y cotidianamente hay desabasto de medicamentos, a pesar del compromiso del gobierno mexicano en materia de acceso universal de antirretrovirales.



Para el especialista, “las personas afectadas ven creciendo la vulnerabilidad de sus derechos”; mientras que el Estado y las organizaciones no gubernamentales experimentan “una especie de fatiga frente al VIH. Las autoridades y las asociaciones civiles han bajado la guardia”.



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