coso gubernamental traducido en estricta vigilancia a organizaciones
Gobierno tras fondos de ONG
*Cancillería prepara “manual” para regular y controlar cooperación externa a ONG
*Donantes en contra de acciones que “disminuyan independencia de la sociedad civil”
*Desistimiento Penal de Fiscalía tranquiliza, pero alertan: “No ha cesado persecución”
Lourdes Arróliga/Tomado de Confidencial
Gobierno tras fondos de ONG - Foto
Irving Larios
El Ministerio de Relaciones Exteriores, la entidad del gobierno encargada de tutelar los Organismos No Gubernamentales internacionales y las embajadas, prepara un nuevo manual mediante el cual pretende regular el control de los fondos de la cooperación destinados a las organismos locales y movimientos sociales, principalmente aquellos destinados a programas de gobernabilidad y derechos ciudadanos.
La especie la conoció extraoficialmente el semanario Confidencial de fuentes vinculadas al Consejo Nacional de Planificación Económica y Social, Conpes.
A pesar de que la investigación iniciada el 8 de septiembre de 2008 por la Fiscalía General de la República, en contra del Centro de Investigaciones de la Comunicación, Cinco, otras tres ONG, y tres movimientos sociales, concluyó sin pruebas para hacer una acusación criminal, el gobierno pretende utilizar esta pesquisa para presionar a los cooperantes sobre una “revisión profunda de cómo se ocupa el dinero” en estas ONG, confió una fuente diplomática.
La resolución de la Fiscalía no determina ningún hallazgo ilícito de los que mencionó inicialmente (triangulación, lavado de dinero, fraude, etc.), por lo que desistió de interponer una acción penal en contra de Cinco, Movimiento Autónomo de Mujeres, MAM, y el resto de organismos que fueron el blanco de los ataques del gobierno.
Sin embargo, traslada el caso al Ministerio de Gobernación (Migob) e insiste en “satanizar” los convenios que firmó Cinco-MAM, y otras redes sociales, una práctica que se mantiene desde hace décadas, incluso entre ONG vinculadas al partido del gobierno.
La Fiscalía invoca la intervención administrativa de Cinco ante supuestas “irregularidades administrativas y contables” en la ejecución de los fondos, que según ellos se contraponen a los objetivos de dicha institución. No obstante, no presentó ninguna prueba en su resolución.
El otro eje de ataque oficial es contra las empresas periodísticas Esta Semana y Confidencial, que dirige el presidente de Cinco, el periodista Carlos Fernando Chamorro. Una fuente diplomática reveló que el gobierno les dijo que “encontraron un conjunto de actividades financiadas por la donación, que van hacia empresas personales individuales, poniendo el caso de Cinco”.
Sofía Montenegro, Directora Ejecutiva de Cinco, desmintió la existencia de alguna actividad irregular en los convenios de Cinco. “La resolución de la Fiscalía contiene una serie de calumnias y nuevas acusaciones temerarias, y estamos preparados para refutarla punto por punto”, indicó.
Montenegro denunció que el gobierno pretende manipular este caso, en el que no pudieron probar nada, para presionar a la cooperación internacional y limitar el acceso de fondos a la sociedad civil. “Quieren usar la resolución de la Fiscalía como una carta negociadora. Más ahora que están en bancarrota en términos de presupuesto, y van a querer negociar la cabeza de la sociedad civil a cambio de apoyo presupuestario”, dijo.
Presión a donantes
La Fiscalía argumenta que desestimó la acción penal porque los donantes no se expresaron como agraviados: “No se muestran ofendidos por estas acciones irregulares en uso de los fondos”, por lo cual, recomienda al Migob que se ejecuten las acciones necesarias para reglamentar la Ley 147 de Registro de Control de Asociaciones sin Fines de Lucro, para establecer y definir claramente los procedimientos normativos y los límites de funcionamiento de estos organismos.
A la Secretaría de Relaciones Económicas y de Cooperación Externa del Minrex le recomienda revisar los convenios marcos suscritos con las ONG Internacionales de Oxfam GB y Forum Syd.
¿Qué posición asumirán los donantes ante las nuevas medidas que propone el gobierno?
Un miembro de la comunidad donante piensa que el gobierno tiene derecho a regular a las entidades que trabajan en el país, pero “no creo que los cooperantes aceptarán reglas que controlan el tipo o el uso del apoyo que damos a las ONG”, señala.
Destacó que si “la intervención del Ejecutivo se ve como un esfuerzo por disminuir la independencia de la sociedad civil o de controlar fondos orientados a mejorar la democracia, la buena gobernabilidad, relaciones de género, etc., creo que la cooperación tendría un problema con el gobierno y puede poner en riesgo su acceso a fondos bilaterales también”.
El gobierno justifica que su acción de regular los fondos responde a que algunas ONG vinculadas a temas de gobernabilidad disfrazan sus operaciones con acciones políticas para desestabilizarlo.
Sin embargo, la gobernabilidad y el fortalecimiento institucional son temas que se mantienen en primer orden en la agenda de los cooperantes.
“Debemos diferenciar entre la incidencia política --en las regulaciones, decisiones y programas de gobierno--, en que todo nicaragüense debe ser capaz de incidir, y lo del juego político entre partidos, la cooperación nunca financia el último”, señala otro cooperante.
“La razón de la contribución de la sociedad civil al bienestar del país y al mejoramiento de programas de reducción de pobreza se encuentra en su capacidad de dialogar, analizar y discutir sus percepciones y recomendaciones, sobre la gobernabilidad y las políticas del Estado. Intentar eliminar este derecho sería muy mal visto por los cooperantes y a nivel internacional”, reiteró.
Por su lado, José María Castán, miembro del Secretariado Internacional de ONG, recordó que la razón de ser de muchos organismos es “precisamente el fortalecimiento de la capacidad crítica de la población, a la que acompañamos, y su involucramiento en las políticas públicas”.
El Secretariado no considera lógico que el gobierno intente controlar los fondos que manejan dichos organismos en materia de construcción de ciudadanía.
Porras: “Estamos contra la tercerización”
El diputado Gustavo Porras, Presidente Ejecutivo del Consejo Nacional de Planificación Económica y Social (Conpes), y a la vez miembro de la Coordinadora Social (que aglutina a ONG y asociaciones vinculadas al Frente Sandinista) está a favor de que se revise la ejecución de los programas de ciudadanía.
“La posición que tenemos es que organismos no gubernamentales, que tengan un impacto social, que trabajen por la vía del desarrollo local, estamos de acuerdo con ellos. Aquí hay organismos como el Cipres mismo que apoyan cooperativas, que tienen un gran impacto en términos de la situación económica, en eso no tenemos problemas”, menciona Porras.
Pero hay otras ONG que “son eslabones de enfrentamientos políticos”, que, según él, “consiguen recursos para generar una desestabilización interna, eso es una realidad”.
“Es claro que hay ONG que son punta de lanza y son utilizados para la consecución de fondos para desestabilización política”, sostuvo Porras.
El diputado está en contra de lo que llama la “tercerización”: proyectos de cooperación en salud, educación y producción, manejados por las ONG al margen del Estado.
Porras confirmó que el “compañero Valdrack Jaentschke”, Secretario de Cooperación de la Cancillería, prepara el nuevo manual de normativa para los cooperantes.
“El problema es la utilización y la injerencia de fondos externos para realización política de lucha política interna…”, reiteró. “Si a mí viene cualquier país cooperante y comienza a financiar a ONG para que sigan en el proceso de tercerización del presupuesto, vamos a estar en contra”, señala Porras.
Visión centralista de cooperación
Irving Larios, Presidente de la Federación de Organismos No Gubernamentales, FONG, piensa que el gobierno no podrá centralizar los fondos de estos organismos, principalmente cuando se trata de temas de “gobernabilidad y democracia” que se mantienen como ejes de la cooperación.
“No creo que las ONG que han surgido en el mundo para incidir de manera positiva para que la ciudadanía tenga beneficios, ahora venga un gobierno y los haga cambiar, es una utopía”, señaló Larios.
Larios no cree que los europeos, “que tienen una cultura ciudadana”, acepten términos que afecten la incidencia en las políticas públicas de un país, como lo ha hecho la sociedad civil en los últimos años.
Luisa Molina, vocera de la Coordinadora Civil, tampoco cree que los donantes “negocien una norma que regule asignación de fondos a la sociedad civil nacional”, más aún cuando se trata de derechos humanos, participación ciudadana, fortalecimiento institucional.
Aunque oficialmente, las redes manejan poca información al respecto, alertan contra la intención del gobierno de centralizar los recursos.
José María Castán, miembro del Secretariado de ONG Internacionales:
“Conocer sobre fondos sí; controlar, no”
José María Castán, miembro del Secretariado Internacional de ONG, reconoce el derecho del gobierno de Nicaragua a conocer el manejo de los fondos, de los cuales rinden cuentas a sus respectivos parlamentos y órganos de gobiernos.
Sin embargo, el Secretariado no encuentra lógico que el gobierno intente controlar los fondos que reciben las ONG que trabajan en incidencia ciudadana. “La razón de ser de muchas ONG internacionales es, precisamente, el fortalecimiento de la capacidad crítica de la población a la que acompañamos y su involucramiento en las políticas públicas. Limitar estas acciones afecta por tanto a nuestra razón de ser”, sostuvo Castán.
¿Les ha presentado el gobierno una propuesta sobre este mecanismo de regulación?
El Secretariado mantuvo hasta octubre del año pasado una relación más o menos constante con el Minrex. En ese marco, el vicecanciller Valdrack Jaentschke nos dijo que, una vez que terminaran de formular la propuesta gubernamental del manual único de procedimiento, y bajo la autorización del presidente Daniel Ortega, abrirían una consulta. Sin embargo, todavía no hemos sido convocados y desconocemos cual es el planteamiento del Gobierno.
Confiamos, además, en que se cumpla lo dicho por el presidente Daniel Ortega, en su encuentro con ONG el pasado 28 de octubre, que dijo al respecto: “Ustedes tienen que decidir qué es lo que se aprueba, nosotros no les vamos a imponer el manual”.
Según el gobierno, el interés de regular los fondos que reciben las ONG con incidencia en temas de ciudadanía y gobernabilidad, es porque tienen una incidencia de carácter político. ¿Cómo ve esta posición el Secretariado?
La razón de ser de muchas ONG internacionales es precisamente el fortalecimiento de la capacidad crítica de la población, a la que acompañamos, y su involucramiento en las políticas públicas. Limitar estas acciones afecta, por tanto, nuestra razón de ser.
La construcción de ciudadanía supone la participación de la gente en los asuntos de sus comunidades, y aboga por el desarrollo de una capacidad crítica frente a la realidad y ante las instituciones. Pensamos que construir realidades sociales con vocación de incidencia política no es, necesariamente, crear o apoyar espacios partidarios, ni pro-gubernamentales ni de oposición, sino animar a la gente a que participe en los asuntos de interés público, algo que está en la base de la democracia.
¿Hay un clima entre los cooperantes de aceptar regulaciones de este tipo por parte del gobierno?
Las ONG Internacionales aceptamos que se regule nuestro accionar legal y que el Gobierno conozca los fondos que manejamos, claro que sí; en el caso de las líneas de trabajo a desarrollar, confiamos en que el Gobierno comparta y reconozca que las acciones favorables a fortalecer la capacidad crítica y propositiva de la gente es un avance cualitativo hacia un desarrollo humano sostenible en Nicaragua.
En el caso de los países cooperantes, su actitud es de respeto a la independencia de las ONG, por lo que entendemos que son consecuentes con nuestros planteamientos.
¿Qué repercusiones tendría en la sociedad civil una intervención del Ejecutivo en el manejo de los fondos de cooperación a las ONG?
No sería lógico que el Gobierno fuera más allá de conocer y de intentar controlar los fondos de la cooperación. Una intervención, en el sentido --por ejemplo-- de decidir sobre cómo y hacia qué aspectos se utiliza, representaría que estamos hablando de otra cosa, no de cooperación no gubernamental.
Caso de persecución sigue siendo un asunto político
Gobierno desprecia a sociedad civil crítica
La persecución política a las ONG es una práctica que han mantenido algunos gobiernos, principalmente en contra de aquellas vinculadas a derechos humanos, derechos de la mujer, y democracia.
En el período del presidente Arnoldo Alemán se intervino a la ONG Nochari, y maniobró para expulsar a la cooperante norteamericana Dorotea Granados, a quien acusó de politizar la atención médica en una clínica de Mulukukú, Matagalpa.
En el gobierno de Daniel Ortega, la Fiscalía mantiene abierta una investigación penal en contra de un grupo de mujeres por apoyar la práctica de un aborto terapéutico a “Rosita”, una niña de nueve años embarazada producto de una violación.
La Coordinadora Civil que promueve marchas cívicas en demanda del cumplimiento de la institucionalidad democrática, y medidas económicas saludables para la población, también fue cuestionada por el Ministerio de Gobernación por carecer de personalidad jurídica, la cual no requieren por tratarse de un movimiento social.
Gobierno resiente independencia
Luisa Molina, enlace de la Coordinadora Civil y una de las mujeres perseguidas por el caso de Rosita, señaló que la molestia del gobierno es la “posición crítica” que asume la sociedad civil en general: “Somos perseguidos precisamente por presentar una cara distinta de cómo el gobierno ve las cosas”.
Molina considera “una clara persecución” el hecho de que la Fiscalía, por una parte, desiste de la acción penal (de la cual nunca tipificó delito), pero traslada el caso al Migob, “para tener el chantaje y como para presionarnos para que nos quedemos callados de las cosas que vemos”.
Éste es el peligro que enfrenta la sociedad civil organizada, sostuvo Molina, cuando denuncia las “irregularidades” del gobierno.
FONG: Es un caso político
Desde su inicio, la investigación penal de la Fiscalía dio muestras de que se trataba de un “caso político indudablemente”, considera Irving Larios, Presidente de la Federación de Organismos No Gubernamentales.
Primero, el gobierno dijo que evaluaría a todos los organismos registrados en el Migob, luego seleccionó a 17 de ellos, y, por último, sacó con “pinzas” únicamente a las que promueven causas sociales.
“Seleccionó a algunas para mandar el mensaje al resto, que desistiéramos de las demandas ciudadanas, de derechos humanos, derechos constitucionales, que estaban siendo violentados por el gobierno actual”, dijo Larios, quien considera que en todo momento la Fiscalía “actuó por encima de la ley”.
